17/05/2025 –, Chelsea Manning
Idioma: Español
La investigación documenta la venta automatizada de datos personales en canales y grupos de Telegram en Brasil, Perú y Argentina. A través de la búsqueda, monitoreo y análisis de más de 25 espacios, se identificó la comercialización de datos que incluyen información básica, así como datos sensibles: direcciones, historial financiero, nivel socioeconómico, condiciones de salud, antecedentes penales o judiciales, etc.
Los hallazgos muestran un ecosistema ilegal donde la información de la ciudadanía se comercializa con impunidad. Muchos de estos datos provienen de filtraciones y vulnerabilidades, incluso en tiempo real de sistemas de entidades públicas, lo que compromete directamente la responsabilidad de actores gubernamentales. La exposición no afecta por igual a todos: los riesgos se agravan para mujeres, personas LGTBIQ+, migrantes, periodistas, activistas y personas en situación de vulnerabilidad económica, quienes enfrentan formas específicas de violencia digital y física cuando su privacidad es vulnerada.
El uso de Telegram, una plataforma con escasa trazabilidad, evidencia fallas estructurales en la protección de datos y la responsabilidad. Este trabajo visibiliza la dimensión interseccional de esta problemática y contribuye a la exigencia de justicia digital.
Esta investigación analiza la venta automatizada de datos personales en más de 25 grupos y canales de Telegram activos en Brasil, Perú y Argentina. A partir de una metodología de observación directa, recopilación de evidencia y análisis comparado, se identificó la circulación de grandes volúmenes de datos que incluyen tanto información básica —como nombres, fechas de nacimiento o números de documento— como datos sensibles y estructurales: direcciones exactas, historial financiero, afiliación a entidades públicas, condiciones de salud, antecedentes penales, ocupación y nivel socioeconómico.
Los datos son comercializados mediante sistemas automatizados que permiten consultas personalizadas a través de bots, facilitando el acceso inmediato y a bajo costo a información privada de miles de personas. Muchos de estos registros provienen de filtraciones o vulnerabilidades en infraestructuras estatales —como registros civiles, instituciones de salud o servicios policiales— lo que compromete directamente a actores gubernamentales.
La exposición de estos datos tiene consecuencias graves: facilita el robo de identidad, suplantación, fraude financiero y, en contextos de criminalización, puede derivar en extorsión, acoso o represalias físicas. El conocimiento del nivel socioeconómico de una persona, por ejemplo, puede ser usado para prácticas de perfilamiento, discriminación o manipulación. En varios hallazgos se observó que los datos incluían clasificaciones de estrato social y referencias a zonas geográficas específicas, permitiendo identificar si una persona vive en áreas empobrecidas, lo que aumenta su exposición a ciberdelitos o redes de explotación.
La investigación evidencia que esta problemática no afecta a toda la población por igual. Las consecuencias se agravan en grupos que ya enfrentan condiciones estructurales de vulnerabilidad: mujeres, personas LGTBIQ+, periodistas, activistas, migrantes y personas con bajos ingresos, quienes suelen tener menos recursos para protegerse digitalmente o exigir justicia.
El uso de Telegram como plataforma central se explica por su modelo de cifrado, baja moderación de contenido y limitada trazabilidad, lo que crea un entorno propicio para operaciones ilícitas a gran escala. Esta investigación no solo revela un problema técnico, sino también ético, político y social, vinculado a las desigualdades digitales en América Latina. El objetivo es generar evidencia que permita comprender los riesgos reales de la economía ilegal de datos y abrir el debate sobre responsabilidad tecnológica, protección estatal y justicia digital con enfoque interseccional.
Ingeniera de Sistemas, Máster en Ciberseguridad y cursando el Magíster en Éticas Aplicadas. Investiga el impacto diferencial de la tecnología en América Latina, promoviendo su enfoque ético, situado y seguro. Con una sólida trayectoria en seguridad digital en el sector público, privado y sociedad civil, abarcando análisis de vulnerabilidades, programas de concientización, implementación de herramientas de código abierto y gestión de incidentes. Actualmente, Fellow del Programa Latinoamericano de Resiliencia y Defensa Digital (LAREDD) en Derechos Digitales.